Reacción de la sociedad civil por la regulación de las actividades del lobby en España

El lobbista profesional, defienda los intereses de Telefónica o de Amnistía Internacional, cuenta con más recursos económicos y el know-how sobre cómo influir de forma efectiva que la mayoría de movimientos sociales y plataformas, con menos recursos y militancia débil. No estamos en igualdad de condiciones.

Desde OpenKratio defendemos la re-apropiación ciudadana de la figura del lobby como un mecanismo de participación ciudadana, en tanto que constituye, hoy por hoy, una vía efectiva para incidir en las políticas públicas. Una regulación del lobby que “transparentara” dichas actividades podría jugar un papel fundamental para dotarnos de un terreno de juego más justo. Por ello que nos sumamos a la campaña que está liderando Access-Info, en colaboración ALTER-EU y otros colectivos como el nuestro, a fin de concienciar y actuar para promover una regulación de la actividad de lobby de acuerdo a los estándares internacionales. Y para empezar, algo de divulgación sobre la trascendencia de este asunto. Reproducimos el artículo de Access-Info donde se justifica la importancia de la regulación del lobby y las exigencias a satisfacer.


Reacción de la sociedad civil ante la inminente regulación de las actividades del lobby en España.
(Artículo original 05-Feb-2014, Access-Info)

 

Desde la Sociedad Civil consideramos que avanzar hacia una mayor transparencia de los grupos de interés es fundamental para poder seguir los procesos de toma de decisiones y para asegurar que las decisiones de lo público realmente persiguen el interés general. Por ello plantemos una serie de propuestas que creemos debería incorporar la regulación de los lobbies en España junto con unas recomendaciones sobre cómo hacerlo.

En primer lugar es importante destacar que los lobbies actúan no sólo sobre el poder legislativo sino también sobre el ejecutivo (especialmente en España, donde la mayoría de las leyes son presentadas a iniciativa del Gobierno). En España, el debate sobre la regulación del lobby se centra ahora mismo en la acción de éstos en el Congreso de los Diputados; el Gobierno debería también abrir este debate y regular la actividad de los grupos de interés sobre el poder ejecutivo, tal y como lo hace, por ejemplo, la UE.

En segundo lugar, recordar que la transparencia de los lobbies no se dará únicamente con la publicación de información por parte de estos, sino que es fundamental que también las instituciones públicas aseguren la publicación de ciertos tipos de información. En ese sentido, para que la huella legislativa y de la toma de decisiones sea en todo momento accesible a los ciudadanos, es esencial que, ya sea mediante solicitud o idealmente mediante publicación proactiva, las leyes de acceso a la información aseguren el acceso a:

  • La información de las reuniones entre lobistas y funcionarios públicos
  • La documentación enviada por grupos de interés a las instituciones públicas
  • La publicación de las agendas de los cargos públicos y las actas de las reuniones
  • Los documentos presentados o distribuidos durante una reunión que implique una toma de decisión
  • Aportaciones y evaluaciones de las consultas públicas
  • Los documentos consultados y utilizados para la toma de decisión
  • El registro de entrada al Congreso y a las oficinas claves del Gobierno

En España, la información mencionada debería estar disponible a raíz de la aplicación de la recién aprobada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Queremos destacar que esta ley no será aplicable al Congreso de los Diputados; por ello, el Congreso debería incorporar en su Reglamento una regulación de transparencia completa para que, entre otras cuestiones y como hemos mencionado, la actividad de los lobbies sea totalmente transparente.

Finalmente, desde la sociedad civil apuntamos que la futura regulación de los lobbies debe ser lo más completa posible para que sea verdaderamente eficaz a la hora de controlar la influencia de los intereses privados en la actividad pública. Para ello, es imprescindible que una regulación de los lobbies incorpore al menos las siguientes cuestiones:

1. Creación de un Registro del Lobbyobligatorio que cumpla estos requisitos básicos:

  • Que indique quién tendrá la obligación de registrarse y, sobre todo, qué información deberá publicar (nombre de la organización, dirección e información de contacto, nombre de todos los lobistas que trabajan para la organización, objetivos del lobby y asuntos y legislaciones sobre los que pretenden influir, gastos, etc.)
  • Que sean públicos los presupuestos y gastos efectuados por los lobistas
  • Que la información publicada sea plenamente accesible por el público, y que ésta sea constantemente actualizada

2. Establecer un control sobre las “puertas giratorias” mediante la fijación de un periodo de enfriamiento mínimo por el cual ex cargos públicos no puedan ejercer funciones de lobistas durante un tiempo determinado sobre los asuntos que gestionaban desde lo público. En España este tipo de medida ya existe [3] pero en la práctica no se cumple por lo que se debería asegurar que los periodos de enfriamiento se respeten.

3. Crear un código de conducta para los lobistas. Las instituciones públicas competentes deberían redactar, en colaboración con lobistas y sociedad civil, un código de conducta para los grupos de interés. La Coalición Europea por la Transparencia del Lobby, ALTER-EU, ha planteado una propuesta sobre este tema (que se puede consultar aquí) y algunos de los aspectos más destacables son los siguientes:

  • Respeto por parte de los lobistas del periodo de enfriamiento de ex altos cargos de la UE para evitar la “puerta giratoria”.
  • Prohibición de que los lobistas contraten a los diputados o a sus asistentes.
  • Una definición clara de lo que supone un “comportamiento inapropiado” por parte de los lobistas.

Apoyándonos en la Guía Internacional para la Transparencia del Lobby, elaborada por The Sunlight Foundation, añadimos que toda regulación del lobby debe además:

  • Definir específicamente qué es el lobby, evitando definiciones demasiado amplias o limitadas que den lugar a vacíos legales.
  • Obligar a los lobbies a indicar si emplean a antiguos miembros del gobierno, quiénes son sus clientes y cuáles son sus objetivos, a qué representantes políticos contactan y qué temas tratan, y en qué gastos incurren en su trabajo.
  • Crear un organismo de control plenamente independiente y con capacidad efectiva de imponer sanciones a los incumplimientos.
Acerca de

#Adoptaunaplaya, Seville-spending, UGR-budget, o la elaboración de aportaciones para la mejora de las “sensibilidades digitales” a las próximas leyes Andaluzas sobre Transparencia (Andalucía Transparente) y Participación Ciudadana (Informe Democracia Digital Andalucía). Como amante del software libre he estado involucrado con aportaciones a la OKFN y GNOME, además de mantener propios proyectos como wiican o udev-discover. Mi lema: La Administración la quiero electrónica, abierto el Gobierno … y el Software: ¡libre!

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